Petrovich cuestionó el ajuste para personas con discapacidad: “Es muy cruel”

La senadora provincial de Juntos, Lorena Petrovich, presentó un proyecto en rechazo al recorte del Gobierno nacional en las prestaciones para personas con discapacidad. “Ajustar en este punto es dejar chicos sin educación, recursos de apoyo, médicos y hasta pañales”, advirtió.

“El Ejecutivo nacional dispuso un cambio en los giros que generó una verdadera catarata de desajustes. Las consecuencias son las que debieron preverse: corte de servicios que impacta directamente en la vida de padres y chicos que necesitan más ayuda que nadie”, sostuvo Petrovich.

En este sentido, la legisladora agregó que “los recortes que se están haciendo en salud, están apuntando a lo más sensible como enfermedades inmunoprevenibles, discapacidad”. “El termómetro del gobierno nacional para medir las consecuencias de las medidas está totalmente alejado de los impactos que están provocando”, apuntó.

Si bien desde el Poder Ejecutivo salieron a desmentir el recorte en el área de discapacidad, luego de las múltiples protestas en Balcarce 50, desde la administración de la AFIP que lidera Mercedes Marcó del Pont reconocieron una demora en los giros de los fondos. “Ya está normalizado”, aseguraron.

Sin embargo, a la espera de la normalización del servicio, Petrovich opinó que “los ajustes pueden o no ser discutibles, pero la crueldad con la que se están ejecutando las disposiciones del ministro Massa exceden la consideración económica o administrativa”. “No se pueden hacer por cuestiones humanitarias, así de simple es la cosa”, enfatizó.

Según explicó la senadora provincial de Juntos, las obras sociales absorben los costos de los tratamientos conforme el reintegro que reciben vía el llamado “mecanismo de integración” de la Superintendencia de Servicios de Salud que, a la fecha, informó que pagará junio durante septiembre. “Por ende, las obras sociales cortan los pagos hasta tanto no se hagan de los fondos que, en realidad, ni siquiera están asegurados”, concluyó.

Según denunciaron los prestadores “hay atrasos de entre 90 y 120 días, también demoras en las autorizaciones de los tratamientos, falta de cobertura en las prestaciones y reducción por parte de las obras sociales de las sesiones indicadas a los pacientes”.

Al mismo tiempo, desde el sector no vinculados con gremios les preocupa el DNU que analiza el Gobierno para que la Agencia Nacional de Discapacidad absorba ahora el costo de las prestaciones por educación y transporte que actualmente cubren las obras sociales.

Se trata de un pedido expreso que le hizo la CGT al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para evitar que las obras sociales vayan a la quiebra: estiman que sólo en esos dos rubros se destinan unos 10 mil millones de pesos por mes.

Para los prestadores y las familias de personas con discapacidad la situación sería incluso peor si finalmente el Gobierno avanza con el DNU. “Nos oponemos porque es un fondo que se conforma con los aportes de los afiliados a las obras sociales”, aseguraron desde la “Red Vacuname”.

“El Estado va a desviar esos recursos a un fondo que va a manejar el Estado (NdeR: a través de la ANDIS) y no va a haber ninguna garantía que esos fondos lleguen a los destinatarios que son las personas con discapacidad“, cuestionaron desde el sector.

Fuente: Diputados Bonaerenses