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Pehuajó: La Justicia falló contra la aplicación terrestre de agroquímicos



En las últimas horas, el juez federal, Andrés Heim, hizo lugar a la medida cautelar requerida por la fiscal, María Cecilia Mc Intosh, para fijar una zona de exclusión de 300 metros para la aplicación terrestre de agroquímicos en el distrito de Pehuajó y por lo que se espera que el Concejo Deliberante sancione una ordenanza para regular la actividad.


Es preciso mencionar que, la medida cautelar, que tendrá vigencia por 90 días, es consecuencia de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por el delito de envenenamiento de agua potable, alimentos o medicinas, y que comenzó luego de que una familia vecina a un predio rural presentó una denuncia por intoxicación en Pehuajó.


De esta manera, la Justicia estableció una zona de exclusión para la aplicación terrestre de agroquímicos en los 300 metros más próximos a las urbanizaciones, y otros 300 metros de amortiguación en los que se podrán utilizar productos de toxicidad y volatilidad bajas.


Es preciso mencionar que, previo a la medida, el juez Heim convocó a una audiencia pública, en la que participaron los denunciantes, las personas que explotan el predio fumigado, así como también representantes de los ministerios públicos, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del municipio de Pehuajó, del área de salud y otros miembros de la comunidad.


Al finalizar la audiencia, el magistrado dio cuenta de que en el conflicto hay “intereses que entran en tensión”, por lo que consideró que “resulta necesario una regulación completa y abarcativa de todas las problemáticas existentes en torno a la materia, lo cual permitiría garantizar los derechos de todos los ciudadanos” y dejó la tarea en manos del Concejo Deliberante de Pehuajó.


En ese sentido, la Justicia constató que la fumigación, que tuvo lugar el 16 de septiembre, repercutió de manera directa en la salud de al menos cuatro personas, dos de ellos infantes, que a las pocas horas de ser alcanzadas por los agroquímicos necesitaron la intervención del Hospital de Pehuajó, debido a que se vieron afectados a nivel respiratorio.


Por ese motivo, Javier Enrique González, el 18 de septiembre se acercó a la Fiscalía Federal de Pehuajó para radicar ante la Justicia que la aplicación terrestre de los agroquímicos realizada en el campo que gestionan Javier Quiles y Ángela Cángele afectó a la salud de su hija y de la madre.


De esa manera, el 17 de noviembre, la fiscal Mc Intosh efectuó el primer pedido de medida cautelar con el objetivo de conseguir “la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones” en el predio en cuestión, ubicado en la localidad de Francisco Madero, Pehuajó.

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