La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó la reautopsia sobre el cuerpo de Daiana Abregú
A través de un comunicado, la CPM indicó que la primera autopsia que se ordenó sobre el cuerpo de la joven, quien murió en un calabozo de la comisaría de Laprida, tuvo irregularidades y que no se respetaron los estándares mínimos establecidos. La Comisión, constituida como particular damnificado en el expediente, le solicitó a la jueza de garantías, Fabiana San Román, que ordene una nueva autopsia.
El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Olavarría, Cristian Urlezaga, fue quien estuvo a cargo del caso. Luego, la causa penal quedó en manos del fiscal Juan Ignacio Calonje de la Fiscalía especializada en violencia institucional del Departamento Judicial de Azul. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó que “a pesar de tratarse de una muerte en contexto de encierro, y de ser titular de una unidad teóricamente especializada en este tipo de delitos, Calonje siguió defendiendo la autopsia ordenada por el primer fiscal”.
En la madrugada del 6 de junio, cerca de las 7 de la mañana, Daiana Abregú fue detenida por una contravención menor de “alteración del orden público” y alojada en los calabozos de la Estación de Policía Comunal de Laprida, unos 430 kilómetros al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Horas más tarde, estando bajo custodia estatal, fue hallada ahorcada en una celda por un subinspector que ingresó al calabozo. Un día después, Cristian Urlezaga, ordenó la autopsia.
La Comisión Provincial por la Memoria señaló que “la autopsia del 6 de junio se realizó sin aplicar el protocolo de Minnesota, una resolución que resulta inaceptable en el marco de las disposiciones que emanan de la normativa vigente”, y agregó “se trata de un examen incompleto, ya que no fue efectuado con las previsiones y perspectivas de una investigación sobre una muerte violenta ocurrida en contexto de encierro y bajo custodia estatal”.
En el escrito, la Comisión señala una serie de falencias del examen de autopsia: “no se realizaron radiografías, ni fotografías completas, ni filmaciones conforme lo establecen los protocolos vigentes, además no se completaron extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que pueden observarse”, además remarcaron la falta de especialidad de la médica que realizó la autopsia. El protocolo de Minnesota indica que, en casos como este, se necesita construir un equipo apto, con distintas especialidades para el análisis científico.
La CPM concluye su comunicado donde expresan que: “resulta ostensible el perjuicio irreparable que produce la no reproducción de la práctica en tiempo oportuno y bajo los cánones del mencionado Protocolo. De negarlo, se estará obstruyendo la posibilidad de nutrir, mejorar y profundizar un elemento de prueba fundamental para la búsqueda de la verdad, atento que nos encontramos ante un caso de muerte en custodia”.
Según datos de la Comisión, en los últimos 10 años 187 personas murieron en comisarías bonaerenses y en el 35 por ciento de los casos "se desconoce la causa de la muerte por los déficits en las investigaciones y la escasa decisión judicial de descubrir la verdad". Además, indican que en 2021 se registraron 25 casos, el número más alto de la década.
Por el caso de Daiana Abregú hay cinco policías bajo investigación. Fabiana San Román, la jueza de Garantías de Azul les denegó la eximición de prisión. La familia de Daiana está representada en la causa por el abogado Sergio Roldán. Quienes le pidieron a la magistrada que agrave la carátula de la causa de "averiguación de causales de muerte" a "homicidio". El letrado considera que es "inminente" la detención de los cinco policías investigados.
A pesar de las pruebas en el expediente que obligan a profundizar la hipótesis del homicidio el fiscal de la causa Juan Ignacio Calonje rechazó el pedido de reautopsia.
La Comisión Provincial por la Memoria, que interviene como particular damnificado institucional en la causa, reclamó a la justicia que se realice una investigación adecuada y le solicitó a la jueza de garantías de Azul, Fabiana San Román, que ordene con carácter urgente la realización de una nueva autopsia, respetando los estándares internacionales.
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