El Gobierno concretó la disolución del Inadi: qué dice el decreto

La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), una medida anunciada por Javier Milei en febrero de este año, se concretó este martes con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 696/2024. A partir de ahora, las políticas contra la discriminación y el racismo estarán directamente bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

El decreto, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, establece en su Artículo 1°: “Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”.

El Gobierno ordena también la “transferencia de la totalidad de los recursos materiales y financieros” del Inadi a la cartera que conduce Cúneo Libarona.

E informó que a partir de ahora será el Ministerio de Justicia el encargado de “elaborar y poner en ejecución las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.

El 22 de febrero el vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho en conferencia de prensa: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Sobredimensionamiento

En los considerandos de la medida, el Gobierno mencionó que la prórroga sucesiva de la intervención del organismo, “por espacio de 12 años”, demuestra “el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones” y “evidencia que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia”.

También indica que la actual gestión descubrió “graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos; e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.

El “sobredimensionamiento”, de hecho, ocupa todo un párrafo, que afirma que el Inadi “contaba con cuatrocientos treinta y un (431) agentes activos al momento de asumir la actual gestión de Gobierno, distribuidos en cuarenta y cuatro (44) sedes, entre delegaciones y subdelegaciones en todo el país, sin control alguno sobre la efectiva prestación de sus labores”. Agregan que solo en marzo de 2024 el Estado abonó a ese personal unos $ 315 millones, “monto que equivale aproximadamente a dos mil trescientas cuarenta y siete (2347) jubilaciones mínimas”.